Todas mis iniciativas están planteadas desde el rol parlamentario, es decir, a través de proyectos de ley, indicaciones presupuestarias y fiscalización, lo que me permite ofrecer una propuesta seria, real y responsable desde la perspectiva y el compromiso que siempre he tenido como Diputado.
El déficit habitacional de Ñuble exige medidas rápidas y sostenibles. Apoyaré un shock de reactivación que abarate la adquisición de viviendas: reducir el pie (ahorro inicial) al 5 % y eximir por 24 meses el pago de IVA en la compraventa de la primera y segunda vivienda, lo que permite bajar hasta 14 % el precio final[1]. Asimismo, propondré que durante 18 meses se mantengan los beneficios tributarios de las viviendas DFL 2 para quienes adquieran más de dos unidades[2], deducir de la base imponible los dividendos hipotecarios[3] y facilitar el financiamiento para ofrecer créditos a menores tasas[4].
A mediano plazo, impulsaré una nueva política habitacional que habilite suelo con infraestructura y servicios para proyectos bien ubicados[5], establezca un llamado de alto impacto único para la construcción hacia 2030 y promueva el arriendo subsidiado a través del programa Primer Paso[6]. Defenderé la construcción de pequeños condominios y la masificación de viviendas industrializadas, que permiten levantar entre 12 000 y 25 000 unidades al año con menor impacto ambiental[7]. En Ñuble, donde existe industria maderera, impulsaré un plan público‑privado para viviendas industrializadas y regeneración de barrios consolidados.
Desde el Congreso fiscalizaré el cumplimiento del plan de emergencia habitacional, priorizaré en el presupuesto la compra de suelo y propondré la creación de un banco de suelos regional. También patrocinaré que los subsidios habitacionales sean transables para facilitar la estructuración de proyectos y que una parte de ellos se destine al ahorro de las familias. Finalmente, aceleraré la instalación de la planta administrativa del Gobierno Regional para que pueda gestionar eficazmente sus presupuestos y proyectos de vivienda.
La nueva ley de permisos sectoriales, que fija plazos máximos y establece el silencio administrativo, es un avance, pero hay que ir más allá. Propondré una ventanilla única digital que integre a SERVIU, DOM y municipios, de modo que los proyectos se tramiten en línea y con trazabilidad. Siguiendo las recomendaciones de la CChC, los permisos y autorizaciones deberían ser necesarios sólo en casos excepcionales y basarse en declaraciones juradas, con sanciones proporcionales cuando se falseen[8]. Esto permitirá reducir la permisología y otorgar certeza jurídica a los proyectos[9].
Además, promoveré la transformación tecnológica en los servicios públicos para que se publiquen en tiempo real los avances de cada trámite[10], lo cual facilitará la coordinación interinstitucional. Desde el Parlamento exigiré que los municipios cuenten con profesionales suficientes y capacitación continua en sus Departamentos de Obras para cumplir con los plazos de revisión y que el Ministerio de Vivienda otorgue asistencia técnica a las comunas con menor capacidad.
Las prioridades son garantizar energía competitiva, seguridad hídrica y conectividad vial. Defenderé proyectos que la CChC propone como prioridad presidencial: la ampliación de la capacidad de la línea Charrúa–Chillán, con una inversión de US$ 50 millones y generación de 50 empleos directos[11], y la concesión de la Ruta 5 entre Talca, Chillán y Collipulli, cuyo tramo contempla US$ 1 325 millones y 1 600 empleos[12]. También impulsaré la Ruta Pie de Monte, vía alternativa a la Ruta 5 en Biobío que bordea la Cordillera de la Costa e incluye US$ 163 millones de inversión[13], generando un corredor logístico para la agroindustria regional.
En materia hídrica apoyaré la ejecución de los embalses Nueva La Punilla, Zapallar y Chillán, coordinando un plan maestro con tramitación fast‑track para desaladoras, embalses y otras obras[14]. Nuestro proyecto de ley de Seguridad Hídrica y Dignidad Laboral complementa esa visión al exigir que 70 % de la mano de obra sea local, que parte del presupuesto se destine a capacitación y que un 5 % financie infraestructura social en las comunidades.
Finalmente, promoveré el mejoramiento de la Ruta del Itata y de la Ruta L‑30‑M (que conecta Ñuble con el Maule), así como la creación de un hub logístico en Chillán que integre ferrocarril, rutas concesionadas y centros de distribución. También ampliaré los programas de pavimentación de caminos rurales para superar los 100 km anuales, creando empleo local y mejorando la competitividad del sector agrícola.
Mejorar la conectividad exige coordinar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el Gobierno Regional y los municipios para acelerar los convenios de pavimentación y mantener la red existente. Apoyaré la adopción de Estándares Territoriales Garantizados que aseguren agua potable, servicios sanitarios, internet y caminos secundarios en las zonas rurales[15]. Esta política contempla adjudicar la construcción y mantención por macrozonas, lo que dará continuidad y eficiencia a las obras.
Promoveré la construcción y pronta licitación de la Ruta Pie de Monte y la modernización del tramo de la Ruta 5 en la región, así como la pavimentación de caminos agrícolas que conectan comunas como San Carlos, San Nicolás y Quillón. Impulsaré proyectos de movilidad urbana sostenible en la futura área metropolitana de Chillán, como un Bus de Tránsito Rápido o tranvías, y aprovecharé la Ley de Financiamiento Urbano Compartido para pavimentar calles, veredas y ciclovías en barrios críticos[16]. Finalmente, exigiré al MOP que descentralice su planificación para dar prioridad a proyectos con alto impacto social en Ñuble y coordinaré con los gremios agrícolas y turísticos para mejorar la infraestructura de accesos a parques y zonas rurales.
La principal herramienta de un parlamentario es la aprobación del presupuesto. Para que Ñuble reciba una asignación justa promoveré mesas de trabajo con el gobernador, alcaldes, gremios y universidades para elaborar una cartera priorizada de proyectos estratégicos y defenderlos en la Comisión de Hacienda. Insistiré en que proyectos clave obtengan el estatus de “prioridad presidencial”, lo que acota los plazos de tramitación y facilita su financiamiento[14].
Impulsaré la descentralización fiscal, para que las regiones tengan competencias y recursos propios para guiar su desarrollo y poner énfasis en proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar[17]. Asimismo, promoveré nuestro proyecto de ley de redistribución de impuestos de la energía, que destina parte de los tributos pagados por las generadoras renovables a los municipios y al Gobierno Regional, incrementando la inversión en caminos, agua potable rural y educación técnica.
Fiscalizaré la ejecución presupuestaria creando un observatorio de transparencia, que publique en tiempo real avances físicos y financieros de las obras y garantice que los recursos lleguen a los proyectos prioritarios. Finalmente, propondré que los programas de infraestructura sean plurianuales y vinculantes, de modo que la cartera de proyectos de Ñuble no dependa de la coyuntura política y cuente con financiamiento asegurado.
Para atraer inversión privada necesitamos estabilidad macroeconómica e incentivos regionales. Respaldaré la propuesta de la CChC de reducir el impuesto de primera categoría al 23 %, establecer pactos de invariabilidad tributaria e incentivar proyectos estratégicos[18]. Además, defenderé la descentralización para que las regiones administren recursos y habiliten infraestructura pública en zonas con potencial de atraer inversión[19].
Impulsaremos la Zona Económica Especial Agrícola (ZEEA) para Ñuble, que creará una Autoridad de Desarrollo Regional con representación del Gobierno Regional, municipios, gremios y universidades. Este organismo actuará como ventanilla única de permisos, priorizará proyectos agroindustriales, promoverá clústeres lácteos, frutícolas y vitivinícolas, y ofrecerá programas de financiamiento y asistencia técnica a PYMEs. También defenderé nuestra ley de redistribución de impuestos de energías renovables, para que el 50 % de lo recaudado por estas empresas se quede en los municipios y el Gobierno Regional y financie obras de infraestructura y fomento productivo.
Apoyaré la ampliación del sistema de concesiones y de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido para movilizar inversión privada en carreteras, hospitales, escuelas y pavimentos[20]. Favoreceré proyectos inmobiliarios que se sujeten a un pago único conocido y que destinen una parte de su rentabilidad a fondos comunales para mejorar la ciudad. Finalmente, promoveré la reducción de la permisología y la certeza jurídica[8], de modo que los inversionistas tengan reglas claras y plazos predecibles para ejecutar sus proyectos.
La formalización del empleo y la mejora de los salarios requieren incentivos y formación. Presentaré una ley que destine 1 % del IVA de cada compra a la cuenta de ahorro previsional del consumidor que pida boleta, lo cual convierte al ciudadano en fiscalizador y desincentiva la informalidad. Esta medida incrementará las pensiones sin elevar la carga tributaria y premiará el comercio formal.
Impulsaremos la ley de Capital Humano y Empleabilidad Regional, que obliga a toda inversión pública superior a 50 000 UTM o privada sujeta a RCA que solicite incentivos a elaborar un Plan de Formación y Empleo Local. Este plan debe diagnosticar las brechas de oficios, destinar al menos 1 % del CAPEX a capacitación, asegurar cuotas para mujeres y jóvenes y garantizar que al menos 40 % de las primeras contrataciones correspondan a trabajadores formados localmente. Estas iniciativas se alinean con las medidas de la CChC para reducir la informalidad mediante educación técnico‑profesional pertinente, promover el empleo formal de mujeres y jóvenes y eliminar barreras para pequeñas empresas[21].
Además, propondré ampliar el Subsidio al Empleo Joven y avanzar en la Sala Cuna Universal, de modo que más mujeres ingresen al mercado laboral[21]. Fomentaré programas de viviendas industrializadas y de mejoramiento habitacional, que generan empleo rápido y permiten formar mano de obra en oficios de la construcción. Finalmente, coordinaré con universidades, CFT e institutos profesionales para adecuar la oferta formativa a las necesidades de la agroindustria, la construcción y las energías renovables.
Para dar continuidad a la construcción debemos estabilizar la inversión y la regulación. Promoveré la creación de una institucionalidad de planificación de infraestructura con visión de largo plazo que elabore y ejecute un plan de obras 2025‑2055[22]. Este organismo asignaría estatus de prioridad presidencial a proyectos estratégicos, lo que asegura una tramitación ágil y evita que las obras se detengan con los cambios de gobierno. Paralelamente, impulsaré la modernización de los contratos públicos, favoreciendo los contratos colaborativos que repartan de manera equilibrada los riesgos y reduzcan la litigiosidad[20].
Otra medida clave es la simplificación de la permisología y el respeto a los plazos de autorización, de modo que los proyectos tengan certeza jurídica y no queden atrapados en un “loop” de avances y retrocesos[23]. Impulsaré la expansión del sistema de concesiones y de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido para mantener una cartera constante de obras públicas y privadas, lo que da un horizonte previsible a la industria. Finalmente, promoveré que los presupuestos de infraestructura y vivienda sean plurianuales, vinculantes y coordinados entre niveles de gobierno, de manera que los proyectos no se paralicen por razones políticas y se proteja el empleo de los trabajadores del sector.
La sostenibilidad debe estar en el centro de las políticas públicas. Incorporaré los criterios de resiliencia y adaptación al cambio climático que la CChC propone: diseñar y operar la infraestructura pública con estándares que resistan desastres naturales, modernizar la evaluación social de proyectos para incluir el costo de la resiliencia y desarrollar planes de reforzamiento de sistemas críticos[14]. En el ámbito energético promoveré la integración de proyectos de biomasa, biogás y mini‑hidro aprovechando la ampliación de la línea Charrúa–Chillán para conectar energías renovables.
En vivienda apoyaré la masificación de viviendas industrializadas y el uso de la madera y otros materiales de bajo impacto ambiental, que reducen la huella de carbono y aceleran la construcción[24]. Propondré que los programas de subsidios incluyan exigencias de eficiencia energética, acondicionamiento térmico, techos verdes y reutilización de aguas grises. La habilitación de suelo y la planificación urbana deben promover la densificación equilibrada alrededor del transporte público[5], evitar la expansión descontrolada en suelos agrícolas y proteger los humedales y bosques nativos.
En materia hídrica, nuestra ley de embalses exigirá mantener caudales ecológicos, evaluar alternativas más sustentables (infiltración, cosecha de aguas lluvias) y financiar proyectos de riego tecnificado que disminuyan el consumo de agua. También apoyaré la inversión en infraestructura complementaria para la producción de litio, hidrógeno verde y amoníaco verde y los puertos y caminos necesarios para su exportación.
Ñuble requiere una planificación integrada que anticipe su crecimiento y respete los recursos naturales. Apoyaré la implementación de un modelo de gobierno de las ciudades que permita decisiones con visión metropolitana sin debilitar las atribuciones municipales[25]. Este modelo debe coordinar los planes reguladores comunales, fijar densidades mínimas en torno a corredores de transporte público y agilizar la aprobación de los instrumentos de planificación.
Propondré la elaboración de Planes Maestros de Regeneración Urbana en zonas bien ubicadas pero deterioradas de Chillán y de otras comunas, combinando inversión pública y privada para dotar de equipamientos de calidad y garantizar un porcentaje de viviendas de interés social[26]. Apoyaré la creación de un banco de suelos y de un Observatorio de Suelo Urbano para transparentar la disponibilidad de terrenos y frenar la especulación. Asimismo, impulsaré que los planes reguladores intercomunales incorporen criterios de adaptación al cambio climático, seguridad ciudadana y participación comunitaria. Nuestra propuesta de Autoridad de Desarrollo Regional en la ZEEA servirá como organismo de coordinación entre gobierno regional, municipios, gremios y sociedad civil para planificar de manera integral el desarrollo del territorio.
La transparencia y la eficiencia son esenciales para recuperar la confianza en el Estado. Primero, promoveré un Observatorio de Ejecución y Licitación que publique en tiempo real los llamados a licitación, los contratos adjudicados, los avances físicos y financieros y las modificaciones de obra, exigiendo el uso de tecnologías de trazabilidad en todos los organismos públicos[10]. Segundo, simplificaré los permisos mediante un régimen basado en declaraciones juradas y sanciones proporcionales, de manera que los permisos sólo se soliciten cuando exista un valor significativo que proteger[8]. Esto debe ir acompañado de plazos uniformes, silencio administrativo y racionalización de los mecanismos de reclamación[9].
Tercero, apoyaré la modernización de la contratación pública, creando un sistema único de contratación para obras y promoviendo contratos colaborativos que distribuyan los riesgos de forma equilibrada y favorezcan la innovación[20]. También impulsaré la ventanilla única digital para permisos de construcción en la región, incorporando trazabilidad electrónica y participación ciudadana. Finalmente, exigiré auditorías externas periódicas y la rendición de cuentas de los funcionarios responsables para prevenir la corrupción y las malas prácticas.
Sí. Las normativas urbanísticas deben simplificarse para acelerar la construcción de viviendas sin sacrificar la seguridad ni el medio ambiente. La CChC señala que Chile tiene una de las mayores complejidades regulatorias de la OCDE y propone avanzar hacia una nueva etapa en la lucha contra la permisología[8]. Comparto ese diagnóstico y trabajaré para que los permisos y autorizaciones sólo sean obligatorios en casos excepcionales y que las declaraciones juradas sean la regla general.
Asimismo, se debe racionalizar los mecanismos de reclamación y asegurar el estricto cumplimiento de plazos y procedimientos para dar certeza a los proyectos[9]. Impulsaré reformas al sistema de planificación urbana para reducir los plazos de elaboración y aprobación de los planes reguladores, homogeneizar las ordenanzas locales y facilitar la densificación en altura en las zonas bien conectadas. También propondré actualizar las normas del DS 49 y otros subsidios para que sean compatibles con modalidades innovadoras como las viviendas industrializadas y permitan combinarlos con arriendo protegido. Toda simplificación debe ir acompañada de transparencia y de mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades confíen en el proceso.
Me diferencio por ofrecer proyectos de ley concretos y viables respaldados por experiencia legislativa. He contribuido a leyes de gran impacto social, como la Ley TEA y la Ley del Cáncer, y ahora presento cinco iniciativas específicas para Ñuble:
1. Ley de Embalses y Obras de Riego: crea un Fondo Nacional Plurianual para embalses, exige que 70 % de la mano de obra sea local y destina 5 % del presupuesto a infraestructura social en comunidades rurales.
2. Ley de Redistribución de Impuestos de la Energía Renovable: redistribuye parte del impuesto de primera categoría de las generadoras ERNC, asignando recursos al Gobierno Regional y a los municipios para financiar agua potable rural, caminos secundarios y educación técnica.
3. Ley de Incentivo al Ahorro Previsional a través del IVA (1 %): destina un 1 % del IVA de cada compra a la cuenta previsional del consumidor que pide boleta, incentivando la formalidad y mejorando las pensiones.
4. Ley de Zona Económica Especial Agrícola (ZEEA): declara a Ñuble como zona de desarrollo agroalimentario, crea una Autoridad de Desarrollo Regional con ventanilla única y programas de riego, apoyo a PYMEs y clústeres, y promueve la inversión y el valor agregado en origen.
5. Ley de Capital Humano y Empleabilidad Regional: obliga a las grandes inversiones a destinar al menos 1 % del CAPEX a formación de trabajadores locales y fija cuotas de contratación de personal formado en Ñuble.
Estas propuestas se alinean con las medidas de la CChC: abaratar la compra de viviendas[1], habilitar suelo y densificar las ciudades[5], duplicar la inversión en infraestructura y planificar a largo plazo[22], y descentralizar el desarrollo regional[17]. Además, mi campaña está anclada en la verdad y la transparencia: no prometo obras que un diputado no puede ejecutar, sino leyes e indicaciones presupuestarias que sí están a mi alcance. Con experiencia, trabajo en terreno y compromiso con la honestidad, busco que Ñuble sea una región próspera y justa.
La colaboración público‑privada es clave para el desarrollo. Por ello, propondré la creación de una Mesa de Desarrollo Regional donde participen el Gobierno Regional, la CChC, gremios agrícolas e industriales, universidades, centros de formación técnica y organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa se reunirá al menos una vez por trimestre para analizar la ejecución de obras, revisar proyectos de ley y definir prioridades. En la Autoridad de Desarrollo Regional de la ZEEA, dos representantes de los gremios formarán parte del directorio, lo que garantizará una participación formal en la toma de decisiones.
La CChC enfatiza que fortalecer y ampliar los espacios de colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil es la mejor estrategia para impulsar el crecimiento[27]. Atendiendo a ello, firmaremos convenios de programación y acuerdos marco de inversión con los gremios para agilizar proyectos y coordinar la entrega de información. Además, habilitaremos un portal digital de participación ciudadana y oficinas móviles para recoger inquietudes de empresarios, trabajadores y vecinos. Como diputado, rendiré cuentas periódicamente sobre mi gestión legislativa y presupuestaria, de forma que el diálogo con los gremios sea constante, transparente y productivo.